El gobierno chileno, bajo la presidencia de Gabriel Boric, asumió el poder con ambiciosos compromisos ambientales que generaron gran esperanza entre los ambientalistas y las comunidades afectadas por los amplios desafíos ecológicos del país. Sin embargo, la administración va terminando su periodo y muchas de estas promesas siguen sin cumplirse, con iniciativas cruciales retrasadas o simplemente diluidas.
El gobierno del presidente Boric posicionó su relato como el gobierno chileno más activamente consciente del medio ambiente hasta la fecha, prometiendo al país en su programa de gobierno políticas transformadoras para abordar el cambio climático, la escasez de agua, la contaminación industrial y la protección de la biodiversidad. Sin embargo, la brecha entre la retórica y la acción se ha vuelto cada vez más profunda.
Uno de los aplazamientos más notables se refiere al compromiso de Chile de eliminar gradualmente las centrales eléctricas de carbón. Si bien el gobierno ha mantenido el objetivo de neutralidad de carbono para 2050, las medidas concretas para acelerar el cierre de estas instalaciones altamente contaminantes se han estancado. El cronograma original para los cierres se ha pospuesto repetidamente, alegando complicaciones económicas y de seguridad energética.
La prometida reforma del código de aguas—un tema crítico en un país que enfrenta severas y crecientes sequías— también se ha estancado. Inicialmente, el conglomerado gubernamental se comprometió a reconocer el agua como un bien de uso público y a priorizar el consumo humano y la protección de los ecosistemas por sobre el uso industrial. Sin embargo, la legislación propuesta ha enfrentado una fuerte oposición de los sectores agroindustriales y mineros, lo que ha provocado retrasos y concesiones que, según los defensores del medio ambiente, socavan su eficacia.
En materia de protección de la biodiversidad, la creación de nuevas áreas protegidas ha avanzado a un ritmo más lento del prometido. El compromiso emblemático de establecer el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas ha enfrentado trabas burocráticas y limitaciones presupuestarias, lo que ha bloqueado su implementación y limitado su impacto potencial.
Las “zonas de sacrificio” —áreas como Quintero, Puchuncaví y Coronel, que sufren una grave contaminación industrial— siguen a la espera de la intervención integral prometida durante la campaña del presidente Boric. Si bien se ha mejorado en parte el monitoreo, la transformación fundamental de las condiciones ambientales de estas áreas sigue siendo difícil de alcanzar. El gobierno ha señalado los desafíos económicos, la recuperación en curso de la pandemia y la oposición política como factores que explican estos retrasos. Sin embargo, los críticos argumentan que los compromisos ambientales se han subordinado a los intereses económicos y que la voluntad política para enfrentarse a las industrias poderosas se ha diluido.
Al considerar los desafíos ambientales de Chile bajo este gobierno, la industria salmonera y la Ley Lafkenche representan intersecciones cruciales entre la política ambiental, los derechos indígenas y los intereses económicos.
La industria salmonera en Chile sigue siendo uno de los principales sectores de exportación del país, solo superado por la minería del cobre. A pesar de su importancia económica, la industria continúa enfrentando fuertes críticas por sus impactos ambientales, como la contaminación del agua por el uso excesivo de antibióticos y productos químicos; el escape de especies de salmón exóticas que amenazan los ecosistemas locales; la acumulación de residuos orgánicos en los fondos oceánicos y la propagación de enfermedades a las poblaciones de peces silvestres.
El gobierno del presidente Boric prometió inicialmente regulaciones más estrictas para la industria salmonera, particularmente en zonas ambientalmente sensibles. Sin embargo, la implementación de reformas integrales casi no se ha movido durante estos años. Si bien el gobierno ha anunciado intenciones de fortalecer la vigilancia ambiental y limitar la expansión en áreas protegidas, los cambios regulatorios concretos brillan por su ausencia. La Ley Lafkenche, 20.249, también conocida como Ley de Áreas Marino Costeras para Pueblos Indígenas, promulgada en 2008, estableció un mecanismo para que las comunidades indígenas solicitaran y gestionaran Espacios Marino Costeros de Pueblos Originarios (ECMPO). Esta ley fue diseñada para proteger el uso consuetudinario de estas áreas por parte de las comunidades indígenas. Sin embargo, bajo esta administración, el proceso de aprobación de nuevos ECMPO continúa enfrentando retrasos burocráticos, persistiendo las tensiones entre las comunidades indígenas que buscan proteger territorios marinos y los intereses industriales, incluyendo la salmonicultura.
Han surgido varios conflictos de gran repercusión en los que las operaciones de salmonicultura se superponen con áreas reclamadas bajo la Ley Lafkenche, y el gobierno ha tenido dificultades para mediar eficazmente en estos conflictos, lo que a menudo ha generado insatisfacción tanto entre las comunidades indígenas como entre los actores de la industria.
La prometida integración de las perspectivas indígenas en la gobernanza ambiental sigue incompleta. Si bien el gobierno ha expresado su apoyo al fortalecimiento de la Ley Lafkenche y su correcta implementación, el progreso ha sido gradual en lugar de transformador. Esta situación ejemplifica el desafío más amplio que enfrenta la administración del presidente Boric: equilibrar la protección ambiental y los derechos indígenas con las preocupaciones económicas en un país donde las industrias extractivas desempeñan un papel fundamental en la economía. El enfoque de la administración ante estos temas fue una prueba clave de su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la soberanía indígena, cosa en la que definitivamente reprobó.
A medida que el cambio climático se intensifica y la degradación ambiental continúa, los costos de estos aplazamientos aumentan, en especial para las comunidades que sufren sus impactos. Es muy difícil que este gobierno pueda renovar sus compromisos ambientales, ya que cada vez que fue puesto a prueba debiendo optar por priorizar las preocupaciones ecológicas cuando estas han entrado en conflicto con los intereses económicos, canalizó su política como lo hicieron los gobiernos anteriores.
*Rodrigo Andrade Ramírez es fundador del Diplomado en Cambio Climático en Políticas Públicas para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); profesor de Gobernanza Climática Multilateral para el Diplomado en Cambio Climático de la Universidad de Santiago de Chile (USACH); ex director de la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Gran Logia de Chile; columnista y escritor.
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