En el actual periodo electoral, Chile se enfrenta a un fenómeno inusual: la desmesurada proliferación de aspirantes a la Presidencia de la República.
Si bien la diversidad de visiones es un pilar fundamental de la democracia, la cantidad excesiva de candidatos —250 postulantes independientes inscritos en Servel para el proceso de la junta de firmas (Servel, 31 de marzo, 2025), además de los representantes de partidos políticos y coaliciones— no fortalece el debate ni ofrece respuestas claras a los desafíos estructurales que enfrenta el país. Al contrario, esta saturación intensifica la fragmentación del escenario electoral, dificultando la construcción de consensos y la unidad necesaria para avanzar hacia una transformación real y profunda
El problema no radica en la competencia misma, sino en la falta de propuestas sólidas que aborden las desigualdades estructurales de nuestra sociedad. En lugar de centrarse en soluciones concretas y transformadoras, el debate político corre el riesgo de convertirse en una lucha de egos y personalismos. La dispersión del voto, producto de tantas candidaturas, impide acuerdos significativos y debilita la gobernabilidad, lo que hace urgente repensar la forma en que se estructuran los procesos electorales. Es fundamental que las campañas giren en torno a propuestas que busquen avanzar en lo económico, social y político para no perpetuar las injusticias y la desigualdad. En este sentido, no solo es esencial que existan iniciativas bien fundamentadas, sino que estas sean concordadas y viables, permitiendo así la gobernabilidad y la implementación de reformas de largo plazo.
Más allá de la infinidad de nombres en la papeleta, Chile necesita ideas claras y una hoja de ruta definida para abordar los grandes problemas que nos desafían como sociedad: la pobreza, la desigualdad social, la precarización laboral, la calidad de la educación, la salud universal, la justicia de género, y la protección del medioambiente. Es imperativo, por tanto, avanzar hacia un modelo que esté centrado en el bienestar colectivo y en la redistribución de la riqueza. Pero esto solo será posible si se priorizan iniciativas concretas por sobre la mera multiplicación de nombres en la contienda electoral.
En este contexto, es urgente que la política se enfoque en las necesidades reales de la ciudadanía. Aunque el voto es obligatorio, muchas y muchos electores carecen de la información necesaria para ejercer un sufragio consciente y transformador. La falta de debates profundos y de propuestas claras contribuye a un proceso electoral desinformado, lo que debilita nuestra democracia. Por ello, es esencial construir un plan electoral que permita elegir representantes en el parlamento comprometidos con la lucha por la justicia social y la equidad, capaces de viabilizar los programas de transformación presentados por los candidatos.
Un plan de este tipo no solo favorecerá la consolidación de liderazgos auténticos, sino que también garantizará que las propuestas, fundamentadas en un análisis estructural de las diversas realidades regionales y en una visión integral de los derechos humanos, se traduzcan en acciones concretas para la transformación del país. Para ello, se hace imprescindible la articulación de consensos estratégicos que permitan gobernar.
El desafío es claro: la política debe ir más allá de la exhibición de aspiraciones individuales y convertirse en un ejercicio colectivo de construcción social. Los partidos y movimientos políticos de izquierda tienen la responsabilidad de priorizar la generación de propuestas concretas que apunten a transformar el sistema actual y erradicar las desigualdades, pero, además, deben asegurar que estas iniciativas sean viables y aplicables.
La ciudadanía, por su parte, debe exigir claridad, coherencia, y un compromiso real con la lucha por un Chile más justo, solidario y equitativo. Rechazar campañas vacías y promesas sin fundamento, y cuestionar las figuras carismáticas que no ofrecen soluciones a las necesidades reales del pueblo, es esencial para avanzar hacia un modelo de gobernabilidad que integre, respete y garantice un desarrollo sostenible para todas y todos.
Chile necesita más políticas públicas orientadas a la equidad. Solo mediante un proyecto político transformador, con ideas bien articuladas, consensuadas y un plan electoral robusto, podremos construir un país más estable, inclusivo y justo para las generaciones venideras. Es hora de poner en el centro a la gente, a los derechos humanos, a la justicia social y a la democracia verdadera.
*Rossana Carrasco Meza es Cientista Política (Pontificia Universidad Católica) y Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local (Universidad de Chile).
