En 2025, un año electoral crucial, la izquierda chilena se ve obligada a repensar y reforzar su agenda transformadora, en contraposición a los proyectos de derecha que buscan perpetuar un modelo neoliberal, responsable de profundizar las desigualdades y debilitar el tejido social del país. La tarea es clara: se trata de articular una propuesta que, a diferencia de la derecha, no se conforme con mantener el statu quo, sino que apueste por reformas estructurales y políticas inclusivas que respondan a las demandas históricas de la ciudadanía.
Uno de los ejes fundamentales es la respuesta a las demandas sociales. Aunque ya se han implementado modificaciones en el sistema de pensiones, persiste la necesidad de profundizar estas reformas para garantizar pensiones dignas y equitativas, superando las limitaciones que aún afectan a numerosos jubilados. En salud y educación, mientras la derecha se conforma con políticas que perpetúan la segregación entre lo público y lo privado, la izquierda tiene el reto de consolidar un sistema verdaderamente universal que asegure servicios de calidad para todas las personas, sin importar su condición socioeconómica.
La reconstrucción de la confianza en las instituciones y la consolidación de la unidad de las izquierdas son tareas igualmente urgentes. En un contexto en el que la derecha apuesta por soluciones centralizadas y, a menudo, simplistas, que ignoran las necesidades de los sectores más vulnerables, la izquierda debe restituir la legitimidad del Estado. Aunque ya se han avanzado importantes iniciativas, como la conformación de comisiones de verdad, justicia y reparación para las víctimas del Sename, es preciso profundizar en estas medidas para lograr una reparación integral y consolidar la justicia. De igual forma, la instalación de nuevas Oficinas de la Niñez en todas las comunas se presenta como un paso decisivo para reafirmar el compromiso estatal con la protección de los derechos de los y las menores.
En el terreno económico, la izquierda enfrenta el desafío de liderar un debate que integre justicia social y sostenibilidad ambiental, en clara oposición al enfoque extractivista y concentracionista que promueve la derecha. La implementación de un Pacto Fiscal orientado a un crecimiento económico equitativo, junto con políticas que fomenten la diversificación productiva y la transición energética, ofrece una respuesta coherente a las tensiones del modelo actual. Por ejemplo, consolidar la participación del Estado en sectores estratégicos, como la explotación sostenible del litio, no solo diversificaría la economía, sino que también generaría recursos fundamentales para financiar reformas y programas sociales, en contraposición a la dependencia de inversiones privadas que hoy beneficia a unos pocos.
Además, en un mundo marcado por cambios en el sistema internacional y la influencia de políticas unilaterales, otro desafío urgente es el manejo de la inmigración. Mientras gobiernos como el de Donald Trump han adoptado medidas excluyentes y proteccionistas, con restricciones migratorias, cierres de fronteras y retóricas xenófobas, que han exacerbado la crisis migratoria y debilitado la cooperación global, la izquierda debe posicionarse en favor de una política migratoria humanitaria e inclusiva. Es imprescindible promover reformas integrales que reconozcan la contribución de los migrantes a la sociedad, garanticen sus derechos fundamentales y faciliten su integración, al tiempo que se defienda un orden multilateral basado en la solidaridad y la cooperación, en clara oposición a la política “America First”.
La seguridad ciudadana también representa un desafío crucial. Frente a la tendencia de la derecha a proponer medidas represivas y endurecer el control, la izquierda debe ofrecer una estrategia integral que fortalezca las fuerzas de seguridad de manera profesional y respetuosa de los derechos humanos. La creación del Ministerio de Seguridad Pública es un avance significativo, pero debe complementarse con el aumento de efectivos en Carabineros y de la Policía de Investigaciones, así como con la construcción de nuevas comisarías en zonas históricamente desatendidas. Es fundamental que estas acciones se acompañen de políticas preventivas que inviertan en educación, inclusión y desarrollo social en los barrios más vulnerables, abordando las causas profundas del delito y ofreciendo alternativas reales a la represión.
Finalmente, la ampliación de la base electoral es esencial para la continuidad y el éxito del proyecto progresista. La derecha se beneficia de la desconexión entre la política y la ciudadanía, aprovechando el desencanto popular para sostener un modelo que ignora las necesidades reales de la gente. En contraposición, la izquierda debe reconectar con sectores populares, rurales y urbanos mediante una comunicación inclusiva y la promoción activa de la participación ciudadana. Es indispensable recoger las demandas de la ciudadanía y traducirlas en una propuesta programática que genere mayorías parlamentarias y permita la implementación de cambios estructurales profundos. Este desafío requiere unidad y generosidad por parte de quienes están llamados a conducir este proceso. Asimismo, es fundamental fomentar la probidad y la ética en nuestra sociedad, especialmente en nuestras autoridades, para que los diagnósticos se transformen en acciones responsables y en una verdadera épica que revitalice nuestro vínculo con la ciudadanía. Solo a través de una estrategia integral y participativa se podrá avanzar hacia un Chile inclusivo, ético y menos desigual, en contraposición a los proyectos de derecha que buscan perpetuar un modelo que ha generado desigualdad y exclusión.
*Rossana Carrasco Messa es Cientista Política (Pontificia Universidad Católica) y Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local (Universidad de Chile).
